La organización difundió una declaración institucional, el miércoles 13 de enero, en donde se refiere a las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno Nacional para el sector: tarifas, fondos federales y participación.
Damos difusión a este comunicado, ya que muchas de nuestras cooperativas adherentes forman parte de FACE y además, para contribuir en la generación de un marco de integración cooperativa.
A continuación incluímos su texto completo:
«Las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica. Declaración institucional de FACE ante la actual coyuntura.
FACE CÓRDOBA·MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2016
El consejo de administración de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), reunido en Buenos Aires el viernes 8 de enero, elaboró un documento titulado «Las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica. Declaración institucional de FACE ante la actual coyuntura».
El presidente de la entidad, Luis Pozzo, explicó que «hemos considerado pertinente que FACE fije una posición institucional acerca de los objetivos que debemos abordar y presentar ante las autoridades nacionales». El dirigente cordobés aseguró: «consideramos que el documento constituye un valioso aporte de FACE ante la coyuntura actual sin desconocer que cada provincia tiene diferentes realidades y que vamos a gestionar soluciones para el bien del sector y de los usuarios de nuestras cooperativas».
El texto completo del documento federativo es el siguiente:
«Las cooperativas proveen de energía eléctrica al 17 % del total de usuarios (2,4 millones) y, dado que la gran mayoría de ellos residen en el ámbito rural y urbano-rural, sirven a un área que abarca el 70 % del territorio nacional.
Más de 240 cooperativas representadas por FACE (Federación de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda.), preocupadas por la delicada situación en que hoy se encuentra el servicio de energía eléctrica y con el ánimo de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a una salida ordenada de la coyuntura actual, se sienten en la obligación de hacer público su pensamiento resumido en los seis puntos siguientes.
1. Los subsidios y su eliminación.
Si bien cada provincia presenta una situación particular, existen dificultades que afectan de igual manera a cada una de las cooperativas distribuidoras y a sus asociados.
Aunque las ingentes sumas destinadas al sector en forma de subsidios constituyeron inicialmente un beneficio para los usuarios en general, en última instancia fueron inequitativos: no hicieron distinción en la capacidad de pago de los consumidores y privilegiaron fuertemente a los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, en simultáneo con señales equivocadas que alentaron el derroche del recurso, son causas de una falta de inversiones que terminaron afectando la prestación del servicio.
La anunciada eliminación en forma gradual y selectiva es un objetivo más que razonable y que compartimos, aunque sepamos que generará inevitablemente un mayor flujo económico y una mayor carga financiera en las distribuidoras, con los incrementos de costos que ello significa, sin que eso mejore de manera alguna su deficitaria situación actual.
Por lo tanto, esperamos que las medidas que se tomen en ese sentido sean comunicadas a los consumidores con la claridad que merecen para una cabal comprensión del motivo que las sustenta. Y que también lo sean el destino de los fondos resultantes de los incrementos en las facturas.
2. La «convergencia» y las nuevas autoridades.
A principios de 2014, la anterior administración nacional lanzó un programa destinado a congelar las tarifas eléctricas. Mal denominado «Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina», no solo no logró la convergencia, sino que, al exigir a los gobiernos provinciales su adhesión a cambio de posteriores subsidios destinados a obras de mejoramiento de las redes, terminó por avasallar totalmente las autonomías provinciales.
Ninguna cooperativa de aquellas provincias que adhirieron al acuerdo fueron consultadas, pero todas fueron impelidas a aceptarlo y a respetar el congelamiento tarifario. Asumiendo incrementos de todos los costos, sufrieron fuertes quebrantos financieros debido a que, en su amplia mayoría, no recibieron más que escuálidos anticipos de los fondos comprometidos y, en algunos casos, absolutamente ninguno.
Más allá del cambio de autoridades, y de reconocer que de ningún modo las actuales son responsables de las medidas que las anteriores ejecutaron, existe en el Estado, como ente jurídico, una continuidad en las responsabilidades de los actos que de su accionar emanan.
Considerando que el Estado Nacional no cumplió o cumplió parcialmente los compromisos a los que se obligó y que las cooperativas no solo cumplieron con el congelamiento tarifario, sino que incluso muchas, confiando en el acuerdo de remisión de fondos, asumieron obras con recursos propios, lo que agravó más aún más su delicada situación, es preciso que se arbitren los medios necesarios para reparar el daño económico y financiero que tales medidas ocasionaron a los prestadores cooperativos del servicio eléctrico.
3. Las tarifas actuales.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que los costos de la prestación del servicio eléctrico se multiplicaron desde la traumática salida de la convertibilidad por un factor de entre 10 y 15, mientras que las tarifas en ningún caso acompañaron estos desplazamientos y, a partir de la convergencia, quedaron directamente congeladas.
El uso de algunas herramientas propias del sistema cooperativo, la incursión en la prestación de otros servicios, el aprovechamiento de algunos vericuetos de los contratos de concesión o, directamente, un elevadísimo endeudamiento fue lo que permitió la continuidad de la mayoría de nuestras empresas cooperativas hasta hoy.
No fue menor el costo político y de imagen pública que debió afrontar la dirigencia cooperativa ante la paradoja de reclamar a las autoridades el reconocimiento de incrementos tarifarios, sabiendo aun del interés de sus asociados en el acceso al servicio con el costo subsidiado pero insosteniblemente atrasado de las grandes empresas de los conglomerados urbanos.
Los subsidios que abastecen a esas grandes empresas comerciales —o estatales— provienen del erario al que contribuyen los usuarios servidos por cooperativas con sus impuestos, usuarios que no reciben esos beneficios y quedan sometidos a una injusta doble carga.
4. Las tarifas futuras.
Debido a la magnitud del territorio argentino y a sus disímiles características geográficas y socio-económicas, resulta a todas luces imposible pretender el establecimiento de cuadros tarifarios universales. Es necesario que las provincias recuperen la potestad de fijar sus propias tarifas —justas para los distribuidores cooperativos y razonables para los asociados usuarios— con mecanismos compensadores que retribuyan los mayores costos asociados a la ruralidad o la baja economía de escala, que remunere los costos de capital asociados al incremento de potencia, para dejar a la Nación la regulación del mercado de generación y transporte.
5. Los fondos federales.
Estos recursos, como otros, fueron retaceados al sector cooperativo. Resulta imprescindible que se incrementen y que las cooperativas estén equiparadas con los demás receptores en relación con el acceso a fondos para obras de mejoramiento de los sistemas y equipamiento en pos de una mejor prestación, como, por ejemplo, los recursos del Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que van a las empresas provinciales como subsidio, pero a las cooperativas como préstamo.
6. Participación.
Las cooperativas están donde las empresas comerciales no van porque no hay rentabilidad. La electrificación en el ámbito rural y urbano-rural en la Argentina fue hecha por cooperativas, y es un modelo a escala mundial.
La ley marco del sistema eléctrico de los años noventa ignoró la existencia de las cooperativas; el estatismo de la última década hizo lo propio. Es por ello que, por derecho, reclamamos un espacio de participación en todos los ámbitos de discusión y en la toma de decisiones que afecten particularmente al sector.
Las cooperativas de distribución eléctrica tenemos mucho para aportar en este sentido, porque nos avala casi una centuria de existencia y más de 75 años de acción federativa en nombre y representación de nuestras asociadas desde Buenos Aires hasta Mendoza y de Misiones a Tierra del Fuego».
Fuente: FACE Córdoba
